Álvaro Vega*.- Asisto sin perplejidad alguna al desarrollo de la caza del corresponsal tradicional que se ha abierto en la Agencia Efe, porque uno casi no se asusta de nada de lo que se les pueda ocurrir a quienes dirigen la sede de Espronceda, fruto quizá del cierto bagaje en esto de lo que es la infrahistoria de la empresa informativa que debía ocupar el primer lugar del podio de las agencia de noticias de España y de las que comunican en español en el mundo, y estar entre las cuatro primeras del planeta.

Mi ausencia de vacilación tiene, junto a unos antecedentes personales, una base bastante castiza y que recurre al refranero popular: de aquellos barros vienen estos lodos, a los que volveré a referir al final.

Por centrar el lector y que abrigue duda alguna, mis antecedentes personales se centran en que poseo el poco agradable título de haber sido despedido dos veces por la anterior dirección de Efe, la que colocó Aznar cuando ocupó el poder; ser readmitido otras tantas extrajudicialmente; haber tenido que ganar en los tribunales el derecho a la excedencia por ocupar un cargo público, también en la época del aznarismo; mantener abierto un procedimiento judicial que impugna la denegación que, ya bajo la presidencia de Grijelmo, padecí en una flagrante discriminación para ser reconocido como redactor senior; y encontrarme, por último, en el limbo del desprecio al no haber tenido todavía la dirección de la empresa la consideración de contestarme a la comunicación de que sigo en excedencia, con reserva de plaza y puesto por ejercicio de un cargo público.

Por concretar y que nadie se llame a engaño, en el pleito sobre el reconocimiento como senior, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó repetir el juicio en el que se denegó en primera instancia mi reclamación, al entender que se me había vulnerado el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva al no haber aportado la Agencia Efe la documentación pedida por mi representación letrada y reclamada por el propio juez, actitud en la que se mantiene la Abogacía del Estado, que ya empieza a ser famosa en la empresa, dilatando conscientemente que pueda ejecutar la sentencia del TSJA, contraria a los intereses procesales de Efe.

Por lo que respecta a la excedencia por desempeño de cargo público, a Efe, a su presidente, a quien dirigí la comunicación, parece no serle suficiente que mi responsabilidad como Consejero del Consejo de Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) .-que así de largo se titula el cargo- sea como consecuencia de una elección parlamentaria, en votación secreta, y de un Decreto de nombramiento por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, firmado, por cierto, por Gaspar Zarrías como Consejero de la Presidencia, y Manuel Chaves como Presidente de la Junta de Andalucía, ambos hoy en las máximas responsabilidades del Ministerio de Política Territorial.

Se trata pues, como establece la Ley 18/2007 del Parlamento de Andalucía, que rige el modo de gestión de la radio y televisión de titularidad autonómica, de una elección parlamentaria por una mayoría cualificada, de tres quintos, y de un nombramiento de Consejo de Gobierno, circunstancias que parecen no suficientes para reconocer que me encuentro en excedencia.

Sirvan estos antecedentes para eludir la duda de cuál es mi posición sobre la Agencia Efe, lo que está pasando en ella desde que la ocupó el PP y tras el relevo en la presidencia después de la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales de 2004.

Yo comencé en Efe como corresponsal y no puedo más que mostrarme compungido por el desastre que se está causando a la red de la Agencia, su principal activo, y por el maltrato que se está dando a tantos compañeros y compañeras de profesión, que en la mayoría de los casos supuran la cultura y el modo de trabajar de nuestra Agencia, bajo la justificación de una normativa laboral que, en caso de ser cierta, no podía representar una acción progresista al frente del Gobierno de España.

Pero lo que me ha animado a entrar en el debate de la muerte del corresponsal tradicional en la Agencia Efe es el sueldo de Grijelmo.

Permítame el lector una nueva acotación. A partir de ahora, los nuevos corresponsales –con menos sueldo, inferior gasto para la empresa y condiciones mucho más precarias de trabajo- habrá que conocerlos como “corresponsales de gran superficie o de marca blanca”, con el debido respeto a aquellas personas que no tengan más remedio que aceptar las leoninas condiciones impuestas por la empresa, que no pactadas.

Ignacio Fontes explica en Periodistas-es (P-ES) el requerimiento que la Abogacía del Estado ha formalizado, en nombre de la Agencia Efe en virtud de un convenio por el carácter público de la agencia de noticias, le ha hecho por escrito al director de esta publicación, Rafael Jiménez Claudín, y verbalmente a él mismo para que se retirase de la web el supuesto sueldo que percibe Alex Grijelmo.

Quisiera enfocar mi análisis de estos hechos desde tres perspectivas: la jurídica; la que plasma un estilo, una manera de hacer las cosas; y la realidad que se vive en Andalucía sobre cuestiones idénticas.

Me va a permitir la Abogacía del Estado que disienta desde mis leves conocimientos jurídicos de que la inclusión de la cifra del salario de una persona física en una página de internet suponga vulneración alguna al derecho a la intimidad.

La vaga referencia al precepto constitucional que hace la Abogacía del Estado sobre este derecho en su escrito al editor de P-ES es prueba de la levedad del argumento, que derrapa cuando alude a una entelequia de mezclar el caso en unos indefinidos ilícitos civil y/o penal.

Es decir, publicar el sueldo de un presidente de una empresa pública puede ser, desde el criterio jurídico del Estado, desde una vulneración de la Ley de Protección de Datos, castigada con una multa en caso de que se hubiese obtenido de una base de datos; hasta un procedimiento de protección de la intimidad, reprochado con multa; a no sé qué delito porque no me queda más imaginación para procesar la amenaza, por el que hasta te podrían “enchironar”. Perdónenme el término, pero es que la sucesión de castigos que vaticina la Abogacía del Estado en nombre de Efe me conducen a la hilaridad.

Una risa que no le entrarán a quienes deben defender la transparencia en la gestión pública cuando a algún miembro de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) se le ocurra pedir este dato al Gobierno de España. Sería no curioso sino una verdadera pena, camino del escándalo, que un Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero hiciese suyos los argumentos de la Abogacía del Estado en este tema. Ni mi imaginación ni mi capacidad de asombro disponen de cabida para ello.

Pasemos al estilo. Los argumentos esgrimidos por el Abogado del Estado que habló con Ignacio Fontes son, a parte de falaces, patéticos y lamentables.

Decir que se afecta a la intimidad por hacer público un sueldo sujeto a la fiscalización pública (los presupuestos de Efe los aprueba el Congreso de los Diputados y sus cuentas están sujetas al control de Tribunal de Cuentas) porque el sujeto que lo percibe puede tener problemas con Hacienda o escondiéndolo de su pareja en un proceso de separación, es simplemente inadmisible.

Entre otras cosas porque el letrado que ha intervenido en este caso estaría ayudando, si fuese esa la situación, a cometer un fraude a Hacienda, la propia empresa del Abogado del Estado, o a provocar un perjuicio a una tercera persona en trámite de separación, o varias en el supuesto de la existencia de hijos (¿qué dirán las feministas y las organizaciones de protección de menores?). Todo ello, eso sí, con el derecho a la intimidad como bandera.

Los responsables de la Abogacía del Estado, es decir, el Ministerio de Economía y Hacienda, es decir, el Gobierno de España, deberían abrir un expediente a quien ha argumentado el derecho a la intimidad para entrar, en este caso sí y sin paliativos, en ilícitos civiles o penales, según el caso.

Pero, claro, el recurrir a un defensor público, el Abogado del Estado, para protegerse de un hecho estrictamente personal marca también el estilo de quien ha promovido esta acción, lamentable en cualquier caso e impropia de quien ha llegado a un cargo en virtud de la decisión adoptada por un Gobierno progresista, como es el de España y que preside Rodríguez Zapatero.

Cuando uno tiene problemas de índole personal, se va uno a un despacho de abogados y paga la minuta de su sueldo, ese mismo que con tanto ahínco se trata de ocultar.

Hace unas horas, escribí en mi blog (acceso desde www.alvarovega.es) un artículo en el criticaba los ataques que ha sufrido Andalucía durante las últimas semanas tras la propuesta del presidente Zapatero para empezar en esta Comunidad Autónoma la transformación del sistema productivo con la apuesta de la sostenibilidad y la innovación. Una crítica porque los conservadores, y también alguno que se viste de progresista, entraron en tromba aludiendo a la cantinela del subsidio y a la balanza fiscal, aunque no cayeron en que ese argumento es tan falso como verdadero que hay ocho Comunidades españolas cuya balanza carga-beneficio sobre el PIB es más desfavorable que la de Andalucía, por ejemplo.

Hago esta referencia para ir al último de los elementos que quería tocar sobre el sueldo de Grijelmo, que no es otro que qué es lo que sucede en Andalucía, más allá de los comentarios apriorísticos descalificatorios de esta tierra.

Si Grijelmo fuera en vez de presidente de Efe director general de la RTVA, su sueldo estaría en los papeles, en las ondas y en el ciberespacio y a ningún letrado del servicio jurídico de la Junta de Andalucía se le hubiese ocurrido intentar amedrentar a nadie para cubrir con equis las cantidades, porque el Gobierno de la Junta de Andalucía responde a las cuestiones que se plantean en el Parlamento, sin pensar que alguien que cobra un sueldo público, porque ha sido elegido por un órgano estatutario de la Comunidad Autónoma para desempeñar un cargo público, puede considerar una intromisión ilegítima en su intimidad que se sepa cuánto cuesta al erario público.

Si Grijelmo fuera en vez de presidente de Efe director general de la RTVA, su sueldo hubiera sido aprobado por el Consejo de Administración, como el de todos los miembros directivos de la Agencia Pública Empresarial.

Si Grijelmo fuera en vez de presidente de Efe director general de la RTVA, hubiera sido elegido por mayoría cualificada por el Parlamento de Andalucía y no como ahora, que no sabes muy bien quién es el padre, o la madre, de la criatura.

Si Grijelmo fuera en vez de presidente de Efe director general de la RTVA, tendría la condición de alto cargo en virtud de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), condición que da también a los consejeros y consejeras que integran el Consejo de Administración.

Por esa condición de alto cargo iba a aprender bien que no se afecta a la intimidad por declarar en el Registro de Actividades, Bienes e Intereses de la Junta de Andalucía todo su patrimonio, incluido el dinero que se tiene en las cuentas corrientes, el coche si está tasado por el Ministerio de Economía y Hacienda en más de seis mil euros y las acciones de tal o cual empresa que hace no se sabe cuándo te ofreció tu amiguete en el banco y que compraste porque tenías unos dinerillos. Este Registro no sólo es público, sino que es accesible a través en internet y sin identificación previa, es decir, de libre acceso.

En Andalucía, desde 2005, está en vigor la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, que es un ejemplo de calidad democrática y que no tiene referencia asimilable alguna en el resto de España.

Esta Ley evita cualquier veleidad sobre la intimidad de quienes tenemos el estatus de alto cargo en Andalucía. No se conoce caso de nadie que haya sido obligado a aceptar un cargo de elección o de designación. En román paladino, al que no le guste, que no dé el paso al frente, con lo que tendrá todo el derecho a, si no cobra del erario público, sea bajo la figura jurídica que sea, preservar su sueldo en la intimidad, porque entonces sí, y sólo en ese caso, tendrá todo el derecho constitucional a esgrimirla.

Por último, si Grijelmo fuera en vez de presidente de Efe director general de la RTVA, no podría deleitarnos con sus magníficas disertaciones sobre la lengua en Radio Nacional de España, ya que la condición de miembro del Consejo de Administración es incompatible con cualquier vinculación directa o indirecta, entre otras muchas, muchísimas, con empresas periodísticas.

Tanta intimidad me ha traído a la mente a quien decía utilizarla para hablar en catalán, ese mismo que puso los barros para que en la Agencia Efe permanezcan estos lodos, no ya por culpa suya, sino porque, después de él, nadie lo ha evitado.

*Álvaro Vega es miembro del Consejo de Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), elegido por el Parlamento de Andalucía a propuesta del Grupo Socialista

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